Vimonte Abogado – Humanamente, a tu lado

Vivimos en una época donde una foto puede no existir, una oficina puede ser digital, un currículum puede estar inflado por algoritmos y hasta la facilidad de palabra puede ser apenas un buen prompt. Y el problema no es la tecnología.   El problema empieza cuando la imagen reemplaza a la realidad. Hoy vemos perfiles profesionales impecables, estudios jurídicos que parecen enormes estructuras corporativas, publicaciones con análisis brillantes, experiencias laborales extraordinarias y discursos técnicamente perfectos. Pero muchas veces, cuando llega el momento de la entrevista, de la reunión o del trabajo concreto, aparece algo que la inteligencia artificial todavía no puede fabricar: la consistencia entre lo que se muestra y lo que realmente se es. Las redes sociales ya habían empujado hace tiempo a construir versiones editadas de nosotros mismos. La inteligencia artificial vino a darle herramientas mucho más sofisticadas a esa lógica. Ahora no solo se exagera una realidad: directam...

 Función pública y vida privada: ¿dónde termina el interés público y dónde comienza el límite? Cada cierto tiempo aparece un debate que expone una tensión incómoda, pero profundamente actual:   ¿hasta qué punto la vida privada de un funcionario público deja de ser privada? La discusión suele abordarse desde posiciones extremas. Por un lado, quienes sostienen que quien ejerce poder público debe aceptar un nivel absoluto de exposición.   Por el otro, quienes entienden que la intimidad personal nunca puede convertirse en materia de escrutinio colectivo. Pero jurídicamente, el problema es mucho más complejo. Porque el derecho a la privacidad existe.   Y existe incluso para quienes ocupan cargos de máxima responsabilidad institucional. Ahora bien, también es cierto que la función pública impone estándares éticos superiores. ¿Por qué? Porque no se administra solamente un cargo.   Se administra confianza pública. Y ahí aparece el verdadero punto de tensión:   cuan...

  Este 25 de Mayo no solo invita a recordar una fecha histórica. También obliga a reflexionar sobre el valor de las instituciones, la legalidad y el rol que cada profesión ocupa en la construcción de un país más justo. Quienes ejercemos la abogacía sabemos que el Derecho no se limita a los expedientes. Está presente cada vez que se defiende una garantía, se exige transparencia, se controla un acto estatal o se intenta equilibrar una situación de poder. La libertad no se sostiene únicamente con discursos. Necesita normas, límites, responsabilidad y personas dispuestas a defenderlas incluso en los momentos más complejos. En tiempos donde muchas veces se naturaliza la desconfianza hacia las instituciones, el trabajo del abogado sigue teniendo un valor esencial: contribuir —desde distintos lugares— a que el Estado de Derecho funcione de verdad. Porque detrás de cada derecho reconocido, hay años de historia, luchas y construcción democrática. Feliz 25 de Mayo. 🇦🇷 Claudio ...

Uno de los grandes desafíos que todavía atraviesan muchos organismos públicos tiene que ver con la independencia de sus estructuras de auditoría, investigación y control interno. Porque más allá de las normas, los manuales o los organigramas, existe una pregunta institucional de fondo: ¿Qué tan autónomo puede ser un organismo de control cuando sus funcionarios, sus recursos y muchas veces su conducción dependen de la misma estructura que debe supervisar? No se trata de poner en duda la capacidad o la honestidad de quienes integran esas áreas. El problema es más profundo y estructural. En organizaciones complejas, los sistemas de control necesitan algo más que facultades formales. Necesitan independencia funcional, estabilidad y capacidad real de actuación. De lo contrario, el riesgo es que el control termine condicionado por lógicas internas, relaciones jerárquicas o dinámicas institucionales que inevitablemente afectan su funcionamiento. Con los años, muchas administraciones públicas ...

Hay situaciones que atraviesan décadas dentro de la administración pública y que exceden a una gestión puntual. Cambian las normas. Cambian los liderazgos. Cambian los organigramas y las estructuras. Sin embargo, ciertos problemas persisten. Con los años entendí que muchas veces el desafío no está en la falta de reformas, sino en la dificultad de construir sistemas sostenidos de control, profesionalización y seguimiento institucional. Porque ninguna transformación real depende solamente de una resolución o de un cambio de autoridades. Depende de procesos, de criterios claros y, sobre todo, de cultura organizacional. Ahí es donde el concepto de compliance empieza a ocupar un lugar central. Durante mucho tiempo, el compliance fue asociado casi exclusivamente al sector privado. Hoy resulta evidente que la administración pública también necesita estructuras sólidas de integridad, control interno, trazabilidad de decisiones y prevención de riesgos institucionales. Y no desde ...

Hay una frase que se escucha hace años en tribunales y que, guste o no, sigue teniendo bastante de realidad: “Cada juzgado tiene su propio librito.” Y no siempre se refiere a lo que dice el código procesal.   Muchas veces habla de otra cosa: criterios internos, formas de despacho, maneras de interpretar escritos, tiempos, usos y dinámicas que solo se aprenden ejerciendo. El abogado litigante lo entiende rápido. Porque una cosa es estudiar el procedimiento.   Y otra muy distinta es recorrerlo expediente por expediente. Con el tiempo uno aprende que en algunos juzgados determinados planteos requieren mayor desarrollo, que ciertos criterios probatorios cambian según el fuero o que incluso cuestiones aparentemente simples pueden tener respuestas distintas dependiendo de dónde tramiten. No es necesariamente una crítica.   Es parte de la realidad práctica del ejercicio profesional. Y ahí aparece algo que muchas veces no se ve desde afuera: la experiencia no solo se construye le...

La administración pública dejó atrás al jefe que golpeaba el escritorio, pero no necesariamente las lógicas de control vertical. El poder ya no suele ejercerse mediante gritos o destratos explícitos; hoy aparece envuelto en lenguaje institucional, objetivos de gestión, métricas de desempeño y discursos sobre modernización administrativa. Durante años, muchas estructuras estatales funcionaron bajo una lógica simple: obediencia, resistencia y silencio. El reconocimiento dependía menos de la capacidad técnica que de adaptarse a determinadas dinámicas de poder. Hoy eso cambió en las formas, pero no siempre en el fondo. Existen más protocolos, capacitaciones, compliance, perspectiva de género y regulaciones internas. Sin embargo, moderar el lenguaje no necesariamente transforma la cultura organizacional. El control muchas veces sigue presente, solo que ahora se expresa de manera más sofisticada: sobrecarga permanente, disponibilidad constante, presión por resultados y exigencias emocionales...

“¿No conocés a alguien adentro?”   “¿No habrá forma de acelerar el trámite?”   “¿No puede llamar alguien de arriba?”   Son frases que se escuchan demasiado seguido.   Y muchas veces, lo más preocupante no es que existan, sino que se viven con absoluta naturalidad. Como si fuera normal que un expediente dependa más de contactos que de derechos.   Como si el funcionamiento institucional pudiera reemplazarse por favores personales.   Como si todos aceptáramos, en silencio: “finjamos normalidad”. Después de haber trabajado dentro de la administración pública y ejercer hoy de manera independiente, entendí que ahí empieza uno de los mayores problemas del sistema. Porque cuando la administración funciona por “compañerismo”, el ciudadano deja de confiar en las reglas y empieza a creer que todo depende de a quién conoce. Y en ese contexto, el expediente que avanza por un llamado no necesariamente avanza por justicia. El problema no es el vínculo hum...

Mi paso por la administración pública me dejó algo más valioso que experiencia técnica: me enseñó cómo se toman decisiones dentro del Estado, cómo se mueve un expediente, dónde aparecen los tiempos reales y cuáles son los problemas que muchas veces no se ven desde afuera. Hoy, como abogado independiente, esa experiencia me permite mirar los conflictos desde una perspectiva más amplia. Entender no solo lo jurídico, sino también: la lógica administrativa los criterios internos la dinámica institucional y el impacto concreto que tiene cada decisión en las personas Con el tiempo entendí algo importante: muchas veces un expediente no se destraba únicamente con conocimiento técnico. También hace falta comprender cómo funciona el sistema por dentro. Haber trabajado en la función pública y ejercer hoy de manera independiente me dio una mirada complementaria. Más estratégica. Más práctica. Y, sobre todo, más humana. Porque detrás de cada trámite, conflicto o decisión, siempre hay pe...

Y aunque parezca contradictorio en una profesión donde el expediente tiene un peso central, hay algo que la experiencia confirma una y otra vez:  no todas las conversaciones deben darse por mensajes. El intercambio por WhatsApp —rápido, fragmentado, muchas veces leído en velocidad x2— tiene límites claros cuando lo que está en juego es un conflicto jurídico. Porque litigar no es solo presentar escritos.   Es gestionar tensiones, interpretar posiciones y, en muchos casos, destrabar situaciones que el papel por sí solo no resuelve. Hay conversaciones que requieren otro nivel de intervención: • Una llamada para ordenar un conflicto incipiente   • Una reunión para negociar con claridad   • Una audiencia donde el lenguaje no verbal también comunica   He visto conflictos escalar innecesariamente por un mensaje mal interpretado.   Y también he visto acuerdos cerrarse en minutos cuando las partes se sientan a hablar. ¿La diferencia? 👉 La calidad de la comunicación...

Y sí, puede incomodar decirlo:   la capacidad de generar conexión —de “caer bien”, en términos simples— muchas veces pesa tanto como el conocimiento técnico. Durante años se instaló la idea de que todo depende del CV, los posgrados y la especialización.   Y en nuestra profesión, claro que eso es central. Nadie discute la importancia del rigor jurídico. Pero en la práctica profesional —en el estudio, en una audiencia, en una negociación o frente a un cliente— hay algo más en juego. A lo largo de mi trabajo como empleado público y ahora en el ejercicio privado he visto colegas con una formación impecable perder oportunidades.   Y otros, quizás con menor recorrido técnico, construir relaciones sólidas y avanzar. ¿La diferencia? 👉 La forma en que generan confianza. El derecho no se ejerce en abstracto. Se ejerce con personas.   Clientes que necesitan ser escuchados.   Jueces que valoran claridad y respeto.   Contrapartes con las que, muchas veces, hay que cons...

Pero esa idea —aunque comprensible— no es jurídicamente correcta. El problema existe. Y es real.   Cuando el aparato administrativo se utiliza de manera desviada para presionar, disciplinar o directamente excluir a quien no se alinea, el Derecho deja de operar como garantía y pasa a ser un instrumento de persecución. Ahora bien, incluso en esos escenarios, el orden jurídico no desaparece. Se tensiona. Y ahí es donde hay que ser precisos:   no estamos frente a un “vacío”, sino frente a una desviación de poder. Esto implica que el acto administrativo, aunque formalmente válido, persigue un fin distinto al previsto por la norma. Y eso lo vuelve ilegítimo. ¿Qué hacer frente a esto? Primero, entender que la defensa no es solo reactiva, es estratégica. • Documentar cada actuación administrativa   • Exigir motivación suficiente en los actos   • Detectar inconsistencias, trato desigual o selectividad   • Construir prueba de la desviación (el punto más complejo, pero cla...