El Derecho Administrativo: cuando deja de ser garantía y se convierte en herramienta de presión.

El Derecho Administrativo nace con una finalidad clara: ordenar la actuación del Estado y proteger al administrado frente al ejercicio del poder público. Su esencia es el equilibrio, su límite es la legalidad y su razón de ser es la tutela de derechos.


Ahora bien, en la práctica —y quienes ejercemos lo vemos con frecuencia— ese diseño puede distorsionarse.

¿Qué ocurre cuando el procedimiento administrativo deja de ser un cauce de legalidad y se transforma en un mecanismo de presión?  

¿Qué pasa cuando la imparcialidad se diluye y la discrecionalidad se convierte en arbitrariedad?  

Aparece un fenómeno preocupante: la utilización selectiva del Derecho Administrativo.

• Inspecciones dirigidas  

• Sanciones desproporcionadas  

• Expedientes que avanzan o se paralizan según conveniencias  

• Criterios que no son uniformes, sino funcionales  

En ese escenario, la norma deja de ser un marco de actuación y pasa a ser un instrumento. Y cuando el derecho se instrumentaliza, pierde su legitimidad.

El problema no es la potestad administrativa. El problema es su desviación.

La discrecionalidad no es libertad absoluta. Está limitada por principios básicos: legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, igualdad ante la ley e interdicción de la arbitrariedad.

Cuando estos principios se vulneran, no estamos frente a una mala decisión: estamos frente a un vicio del acto administrativo que debe ser impugnado.

Y acá hay un punto central: el administrado no está indefenso.

Existen herramientas jurídicas concretas:

✔ Recursos administrativos (revocatoria, jerárquico)  

✔ Acciones judiciales (amparo, contencioso administrativo)  

✔ Control de legalidad y razonabilidad por parte del Poder Judicial  

El desafío no es menor. Requiere abogados formados, administrados informados y, sobre todo, instituciones que funcionen.

El Derecho Administrativo no puede ser un sistema de premios y castigos según conveniencia.  

Debe ser, siempre, un sistema de garantías.

Porque cuando el poder se ejerce sin control, deja de ser derecho y se convierte en abuso.

Claudio Vimonte

Abogado

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