Cuando la Administración es capturada por la corrupción, aparece una sensación peligrosa: que nada se puede hacer.

Pero esa idea —aunque comprensible— no es jurídicamente correcta.

El problema existe. Y es real.  

Cuando el aparato administrativo se utiliza de manera desviada para presionar, disciplinar o directamente excluir a quien no se alinea, el Derecho deja de operar como garantía y pasa a ser un instrumento de persecución.

Ahora bien, incluso en esos escenarios, el orden jurídico no desaparece. Se tensiona.

Y ahí es donde hay que ser precisos:  

no estamos frente a un “vacío”, sino frente a una desviación de poder.

Esto implica que el acto administrativo, aunque formalmente válido, persigue un fin distinto al previsto por la norma. Y eso lo vuelve ilegítimo.

¿Qué hacer frente a esto?

Primero, entender que la defensa no es solo reactiva, es estratégica.

• Documentar cada actuación administrativa  

• Exigir motivación suficiente en los actos  

• Detectar inconsistencias, trato desigual o selectividad  

• Construir prueba de la desviación (el punto más complejo, pero clave)  

Segundo, activar los canales institucionales:

✔ Recursos administrativos para agotar la vía  

✔ Acción de amparo cuando hay arbitrariedad manifiesta  

✔ Proceso contencioso administrativo para discutir la legalidad del acto  

✔ Medidas cautelares para frenar efectos dañosos inmediatos  

Tercero, algo que muchas veces se subestima: visibilizar.

La opacidad favorece el abuso. La trazabilidad, la publicidad y el control externo lo limitan.

Decir que “no se puede hacer nada” es, en definitiva, funcional al sistema que se pretende cuestionar.

No siempre la respuesta es inmediata.  

No siempre el resultado es perfecto.  

Pero el Derecho —bien utilizado— sigue siendo una herramienta de resistencia institucional.

Porque incluso frente a la arbitrariedad, hay un límite: la legalidad.

Y cuando ese límite se rompe, el rol del abogado deja de ser técnico para convertirse también en una forma de defensa del Estado de Derecho.

Claudio Vimonte

Abogado

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